Jonathan Báez Valencia

Adrián Zapata Herrera

La llegada del nuevo ministro de economía y finanzas Pablo Arosemena revive un viejo, pero comúnmente utilizado mito neoliberal: el Riesgo País. Y es que la entrada de este a la cartera de Estado “tranquiliza a los mercados” (dado su espacio social de pertenencia en las Cámaras Empresariales, específicamente en la Cámara de Comercio de Guayaquil).[1] En otras palabras, disminuye el Riesgo País, después de un considerable aumento durante el Paro Nacional. Es curioso que ni la escalada de la pobreza, la desigualdad, el alto costo de vida, nivel de ingresos, etc. sean factores que afecten el Riesgo País, lo que sí provoca un reclamo legítimo de estos indicadores de bienestar. Y es que ciertamente, el Riesgo País no tiene ninguna correlación con estos elementos, según la evidencia empírica observada en Ecuador. Por tanto, esta apología a tal indicador no es sino la paranoia de los neoliberales (libertarios) por arrodillar al Ecuador ante la lógica de mercado, aunque eso signifique sacrificar a su población a un perpetuo deterioro de sus condiciones de vida.

Jonathan Báez Valencia

Según datos del Latinobarómetro 2020 tan solo el 34% de las personas confían mucho o algo en la policía. Es decir, tan solo 3 de cada 10. Casi la mitad de lo que confían en Uruguay. Si esta misma pregunta se clasifica por clase social -subjetiva- se observa que, a medida que la clase social aumenta, la confianza en la policía aumenta y viceversa. Con estos resultados parece pertinente indicar que las clases sociales altas perciben un cuidado de la policía, mientras que las clases sociales que no son acaudaladas no lo perciben así. En el marco de las protestas sociales contra las desigualdades, esto puede tener como resultado que la policía tiene como fin reprimir la legítima lucha social de estas clases y proteger los mecanismos de explotación y precarización de la clase alta, para que el sistema continúe favoreciendo a los privilegiados, en lugar de proteger a la población más vulnerable de la delincuencia, aquella que no tiene para pagar seguridad privada.

Jonathan Báez Valencia

El 12 de junio de cada año se conmemora la lucha contra el trabajo infantil. En efecto se esperaría que el gobierno del presidente Lasso, con un discurso que da tanto énfasis a la lucha contra la desnutrición infantil, tenga también en su agenda resolver este dilema. No obstante, ninguno de estos dos elementos han sido resueltos en la práctica. En el caso de la desnutrición, parece ser más una pantalla para privatizar el Banco del Pacífico y en el caso del trabajo infantil, su aumento ha llegado a un nivel jamás visto desde hace catorce años. De esa manera, el trabajo infantil asciende al 10% a diciembre de 2021. Eso implica que diez de cada 100 niños trabajan. Lo que plantea un incremento en relación con 2019, cuando el trabajo infantil ya estaba en pleno incremento, adicionando niños y niñas a trabajar en lugar de disfrutar su infancia, debido a las condiciones desiguales del país. Esto parece indicar que efectivamente se trata de un gobierno del reencuentro con el trabajo infantil.

Robertho Rosero

Jonathan Báez Valencia

La autonomía financiera que un GAD provincial construye es un elemento fundamental para la gestión de recursos que permitan mejorar la calidad de vida de la población, asegurando su bienestar. En ese sentido, exigir las transferencias desde el Gobierno Central con una política que piense en la gente y no en las ganancias, así como la capacidad de generar recursos propios, es una condición para alcanzar dicho bienestar. De esa forma, se presenta el ranking de GADs provinciales con autonomía financiera.

Jonathan Báez Valencia

En el primer año de gestión del presidente Lasso, las palabras desigualdad y pobreza no fueron nombradas ni una sola vez. No obstante, estas se perciben cotidianamente en la vida de la mayoría de la población ecuatoriana -a excepción de las élites- y la evidencia empírica así lo demuestra. En el caso de la desigualdad, por ejemplo, el índice de Gini (coeficiente que mide la desigualdad: mientras más se acerca a 1 existe mayor inequidad) pasó de 0,474 en diciembre de 2021 a 0,481 en marzo de 2022 (última cifra disponible). En efecto, se trata de un nivel superior al de 2019, lo cual daría señales de que la desigualdad es la característica en el gobierno del presidente Lasso.

Alberto López B.

¿Concesión o Privatización?

Desde que se promulgó la Ley 50 de Modernización del Estado, en  Registro Oficial 349 de 31 de Diciembre de 1993 (en pleno periodo neoliberal), el Ecuador no ha encontrado un modelo económico estable y duradero, motivo por el cual ha tenido que entrar en procesos de ajuste. Un ajuste que hasta la fecha no han logrado mejorar las condiciones de vida de las personas. Las razones que motivaron la expedición de esta ley eran resolver la crisis económica causada por la falta de un modelo económico consistente, por lo que se planteó entrar en un proceso de privatización y concesión de servicios, con la finalidad de atenuar las cargas económicas que soporta el presupuesto general del Estado, pero que en la práctica han aumentado las ganancias de las empresas.

Sigue leyendo «Concesión de servicios y privatización de empresas públicas en el Ecuador»

Bayardo Tobar

En el Ecuador, la centralidad del Estado y la concentración del poder en el ejecutivo  existen desde antes de que aparezca el socialismo científico, como le llamó Federico Engels, y  desde antes de que triunfe la revolución Rusa, en 1917, y se instaure la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sigue leyendo «Estatismo no es socialismo»

Jonathan Báez Valencia

La Ley que permitiría el aumento de las tarifas de servicios que proveen los activos del Estado a ser privatizados también tiene un beneficio más al sector empresarial: el no pago de impuestos o exenciones tributarias. Así lo establece el artículo 110 respecto al impuesto a la renta, los artículos 106,107, 111 y 112 respecto al Impuesto al Valor Agregado -IVA- y el 113 respecto al Impuesto a la Salida de Divisas -ISD-. Esto quiere decir que el Estado va a crear Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Zonas francas que no tienen otro objetivo que permitir que los agentes económicos no paguen impuestos. Esto le costaría al Estado más de 31 millones de dólares al año solo por concepto de Impuesto a la Renta e IVA según el informe del SRI, el monto por el ISD fácilmente puede elevar esta cifra, pero no puede ser calculado según esta misma entidad.

Jonathan Báez Valencia

Gonzalo Silva Zambrano

La Ley de “Inversiones” enviada por el presidente Lasso tiene como objetivo generar el marco normativo para privatizar los activos del Estado y cederlos a distintos actores privados. A su vez, estos últimos tienen como uno de sus fines aumentar la tarifa de los servicios públicos para garantizarse altos niveles de ganancia. Del otro lado de la moneda los y las ciudadanas del país van a tener que pagar más por los servicios y eso va a restringir su consumo, disminuir su capacidad adquisitiva (ya limitada por la precarización laboral) y, por lo tanto, su bienestar. En efecto, dar paso a esta Ley significa que el Estado decide por voluntad propia dar cabida a perder su capacidad de generar bienestar a las grandes mayorías, para dar paso a dar bienestar a una minoría privatizadora cuyo único interés es el lucro y la ganancia. En resumen, se trata de un nuevo paquetazo a la sociedad ecuatoriana.

Alberto López B

El Banco del Pacífico se constituyó el 18 de enero de 1972 mediante resolución 286  de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, se aprobó la constitución y establecimiento del “Banco del Pacífico Sociedad Anónima”; el promotor del banco fue el empresario Guayaquileño Marcel Laniado de Wind, inició sus operaciones el 10 de abril de 1972 con capital de 40 millones de sucres aportado por 447 accionistas;   siempre estuvo entre los cuatro bancos privados más grandes del Ecuador, por causas de la crisis financiera del año 1999 y el feriado bancario del 2000, el banco estuvo al borde de su liquidación.