Lourdes Montesdeoca Espín

1. Introducción

El debate sobre la pertinencia de los subsidios a los combustibles no es nuevo. Data de al menos medio siglo atrás, más concretamente desde que en 1972 Ecuador cambia de una economía principalmente agraria a una economía dependiente de la extracción y exportación de petróleo. Este cambio en la estructura económica conllevó a que buena parte de los recursos obtenidos por dichas exportaciones se destinaron, sobre todo, a desordenados procesos de urbanización y, con ello, al aumento del parque automotor y la necesidad imperiosa de transporte para cubrir distancias cada vez más largas. Es así como, de contar con un porcentaje de población urbana de 25% en 1974 (Rosero, J. et al, 2015), en 2020 la proporción de población urbana estaba ya cerca del 70%. Además, el total de la población urbana y rural pasó de poco más de 5 millones en 1974 a 17,5 millones en 2020; es decir, aumentó en un 250% en apenas 46 años (INEC, 2022). Aparte de la propia dinámica poblacional, es importante considerar otros aspectos del problema de los subsidios a los combustibles sobre todo luego de las últimas jornadas de protesta en el Ecuador.

Jonathan Báez Valencia

En la temprana segunda temporada de los Simpson se presenta el cuarto capítulo titulado “Dos autos en cada cochera y tres ojos en cada pez”. Este se centra en cómo el Sr. Burns desea ocupar el puesto de gobernador. Y no, no es para transformar a Springfield en un lugar mejor, es para deshacerse de las regulaciones a su contaminante planta y, como única gran propuesta: que se recorten impuestos. De esa manera, ya en 1990 cuando se emitió el capítulo, los Simpson nos advertían del peligro de que una élite empresarial depredadora ocupe un espacio de decisión pública, válido en la actualidad para la realidad ecuatoriana y su cercanía a elecciones.

Wilson Flores Herrera

Jonathan Báez Valencia

Introducción

Una de las mesas de negociaciones está destinada a resolver las demandas en torno al trabajo. Las últimas cifras de junio 2022 señalan que el empleo adecuado habría aumentado en aproximadamente tres puntos porcentuales, al compararlo con junio de 2021 (pasa de 31,3% al 34%) según cifras de la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo -ENEMDU-. Esto significa que aproximadamente 302 mil personas han pasado a tener un empleo adecuado. En efecto, esa cifra es utilizada por el gobierno para indicar una mejoría para la clase trabajadora, razón por la cual es inaceptable su crítica. No obstante, el dato presentado alude específicamente al número de personas que obtienen un ingreso más alto que el Salario Básico Unificado y que trabajaron más de 40 horas[1]. Desde esa perspectiva, poco o nada se dice de la estabilidad de la clase trabajadora o si esta goza de todos los derechos laborales. Por tanto, es necesario incorporar estas dimensiones al análisis de la situación de los y las trabajadores del Ecuador. De esa manera, a partir de la estimación de un índice se observa que la precariedad ha aumentado en el país y se recrudece: si en 2017 la precariedad extrema atacaba al 24% del total de la clase trabajadora asalariada, a 2021 esta alcanza al 31% y a junio de 2022 parece marcar una tendencia ascendente con un 32%. Eso implica que, en el gobierno del presidente Lasso, se ha convertido en la “norma laboral”. Inclusive, el ministro de trabajo en mayo de este año, en una reunión con empresarios en Cuenca, socializó la propuesta de reforma laboral que busca, según dijo “crear confianza para que los empresarios inviertan” si pierden el miedo a contratar.

Jonathan Báez Valencia

La eliminación del examen realizado por el Estado para el ingreso a la Educación Superior no solo supone colapsar a las Universidades Públicas al atribuirles este proceso sin los recursos necesarios, en medio de los recortes ya presentes, implica que el libre mercado ahora decidirá quién ingresa. Es decir, aquellas personas con más privilegios: económicos, sociales, etc. van a estar en una mejor posición para entrar, desplazando a aquellos que no los poseen. Elementos que, de alguna manera y en cierto nivel eran neutralizados por el proceso de admisión realizado por el Estado. En efecto antes de que se implemente el examen en 2009, del total de personas entre 18 y 24 años en educación universitaria, tan solo el 15% pertenecían a los deciles de menores ingresos (1-4). La situación va mejorando, de tal manera que en 2021 este porcentaje se encaminaba a triplicarse, alcanzando el 39%. Una tendencia que probablemente se frene y retroceda con la decisión del gobierno de Lasso.[1]

Jonathan Báez Valencia

Adrián Zapata Herrera

La llegada del nuevo ministro de economía y finanzas Pablo Arosemena revive un viejo, pero comúnmente utilizado mito neoliberal: el Riesgo País. Y es que la entrada de este a la cartera de Estado “tranquiliza a los mercados” (dado su espacio social de pertenencia en las Cámaras Empresariales, específicamente en la Cámara de Comercio de Guayaquil).[1] En otras palabras, disminuye el Riesgo País, después de un considerable aumento durante el Paro Nacional. Es curioso que ni la escalada de la pobreza, la desigualdad, el alto costo de vida, nivel de ingresos, etc. sean factores que afecten el Riesgo País, lo que sí provoca un reclamo legítimo de estos indicadores de bienestar. Y es que ciertamente, el Riesgo País no tiene ninguna correlación con estos elementos, según la evidencia empírica observada en Ecuador. Por tanto, esta apología a tal indicador no es sino la paranoia de los neoliberales (libertarios) por arrodillar al Ecuador ante la lógica de mercado, aunque eso signifique sacrificar a su población a un perpetuo deterioro de sus condiciones de vida.

Jonathan Báez Valencia

Según datos del Latinobarómetro 2020 tan solo el 34% de las personas confían mucho o algo en la policía. Es decir, tan solo 3 de cada 10. Casi la mitad de lo que confían en Uruguay. Si esta misma pregunta se clasifica por clase social -subjetiva- se observa que, a medida que la clase social aumenta, la confianza en la policía aumenta y viceversa. Con estos resultados parece pertinente indicar que las clases sociales altas perciben un cuidado de la policía, mientras que las clases sociales que no son acaudaladas no lo perciben así. En el marco de las protestas sociales contra las desigualdades, esto puede tener como resultado que la policía tiene como fin reprimir la legítima lucha social de estas clases y proteger los mecanismos de explotación y precarización de la clase alta, para que el sistema continúe favoreciendo a los privilegiados, en lugar de proteger a la población más vulnerable de la delincuencia, aquella que no tiene para pagar seguridad privada.

Jonathan Báez Valencia

El 12 de junio de cada año se conmemora la lucha contra el trabajo infantil. En efecto se esperaría que el gobierno del presidente Lasso, con un discurso que da tanto énfasis a la lucha contra la desnutrición infantil, tenga también en su agenda resolver este dilema. No obstante, ninguno de estos dos elementos han sido resueltos en la práctica. En el caso de la desnutrición, parece ser más una pantalla para privatizar el Banco del Pacífico y en el caso del trabajo infantil, su aumento ha llegado a un nivel jamás visto desde hace catorce años. De esa manera, el trabajo infantil asciende al 10% a diciembre de 2021. Eso implica que diez de cada 100 niños trabajan. Lo que plantea un incremento en relación con 2019, cuando el trabajo infantil ya estaba en pleno incremento, adicionando niños y niñas a trabajar en lugar de disfrutar su infancia, debido a las condiciones desiguales del país. Esto parece indicar que efectivamente se trata de un gobierno del reencuentro con el trabajo infantil.

Robertho Rosero

Jonathan Báez Valencia

La autonomía financiera que un GAD provincial construye es un elemento fundamental para la gestión de recursos que permitan mejorar la calidad de vida de la población, asegurando su bienestar. En ese sentido, exigir las transferencias desde el Gobierno Central con una política que piense en la gente y no en las ganancias, así como la capacidad de generar recursos propios, es una condición para alcanzar dicho bienestar. De esa forma, se presenta el ranking de GADs provinciales con autonomía financiera.

Jonathan Báez Valencia

En el primer año de gestión del presidente Lasso, las palabras desigualdad y pobreza no fueron nombradas ni una sola vez. No obstante, estas se perciben cotidianamente en la vida de la mayoría de la población ecuatoriana -a excepción de las élites- y la evidencia empírica así lo demuestra. En el caso de la desigualdad, por ejemplo, el índice de Gini (coeficiente que mide la desigualdad: mientras más se acerca a 1 existe mayor inequidad) pasó de 0,474 en diciembre de 2021 a 0,481 en marzo de 2022 (última cifra disponible). En efecto, se trata de un nivel superior al de 2019, lo cual daría señales de que la desigualdad es la característica en el gobierno del presidente Lasso.

Alberto López B.

¿Concesión o Privatización?

Desde que se promulgó la Ley 50 de Modernización del Estado, en  Registro Oficial 349 de 31 de Diciembre de 1993 (en pleno periodo neoliberal), el Ecuador no ha encontrado un modelo económico estable y duradero, motivo por el cual ha tenido que entrar en procesos de ajuste. Un ajuste que hasta la fecha no han logrado mejorar las condiciones de vida de las personas. Las razones que motivaron la expedición de esta ley eran resolver la crisis económica causada por la falta de un modelo económico consistente, por lo que se planteó entrar en un proceso de privatización y concesión de servicios, con la finalidad de atenuar las cargas económicas que soporta el presupuesto general del Estado, pero que en la práctica han aumentado las ganancias de las empresas.

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