El nivel de empleos destruidos por el sector patronal al terminar la relación laboral con sus trabajadores y trabajadoras, amparados en la serie de acuerdos emitidos por el Ministerio de Trabajo, alcanza a más de 175 mil entre marzo y agosto de 2020. Por otra parte, hasta noviembre un total de 20 321 contratos se registraron, probablemente precarios, bajo los nuevos parámetros establecidos en la Ley Humanitaria. Por otro lado, las denuncias al código del trabajo aumentaron un 487%, registrando más de 37 mil denuncias. Con estos resultados se observa cómo existió un beneficio para el sector empleador a costa del sector trabajador por parte de la institución destinada a proteger los derechos laborales, efecto de la captura de las decisiones públicas por parte de las élites.

En los próximos meses afrontaremos un reto mayúsculo: además de reconstruir todo lo que la crisis del coronavirus se ha llevado por delante, será necesario un ejercicio para repensar qué mundo queremos levantar

La paralización generalizada de la actividad económica global y el confinamiento de la la población por la pandemia del Covid 19 ha operado para las ciencias sociales, en particular para la economía, como un “laboratorio” con fines de experimentación y comprobación. Se decía que la globalización representa al imparable “tren de la historia” y que quien no se subía estaba condenado al atraso. El tren no solo que se ha detenido sino que se ha descarrilado; la actividad productiva y el transporte de productos y de suministros se paralizaron, excepto la producción y transporte de productos esenciales. Gobernantes de países desarrollados, fanáticos de la globalización, de la flexibilización y relocalización industrial se preguntan: ¿Por qué tuvimos que dejar que sea “el mercado” (léase corporaciones transnacionales) el que organice las cadenas globales de producción prescindiendo de las nociones de “soberanía”, auto condenándonos a la indefensión a la hora de proveernos de mascarillas, medicinas o alimentos?

A todos ha escandalizado este nuevo record del país: 17 binomios participarían en las próximas elecciones de febrero de 2021.[1] ¿Por qué tantos candidatos presidenciales en un país pequeño como el Ecuador? Por las mismas razones por las que tenemos registrados 283 organizaciones políticas en el Consejo Nacional Electoral (8 Partidos Políticos, 16 Movimientos Nacionales, 72 Provinciales, 167 Cantonales y 20 parroquiales). Por las mismas razones que tenemos el record mundial de 19 Constituciones aprobadas y algunos ya están pensando en la Constitución número 20 (¡¡¡), como si cambiando las leyes en el papel se puede cambiar la sociedad. Por las mismas razones por las que, a través de estos 180 años de existencia del Estado, hemos tenido cerca de 40 golpes de estado, cuartelazos o dictaduras civiles y militares. Por las mismas razones por las cuales hemos elegido al 60% de los asambleístas actuales con problemas con la justicia, según su propio Presidente, y así se puede enumerar otros acontecimientos que demuestran una sola realidad: el Ecuador es un Estado fallido. “Ecuador: Una Nación en Ciernes” se titula una excelente obra histórica de los sociólogos Rafael Quintero y Erika Silva, es decir un Estado en formación, que no ha madurado, que no termina de constituirse como tal, como un Estado Nacional moderno, y parece que este problema continuará en el futuro.

La tecnología factor clave del desarrollo económico

La primera revolución industrial surgió en Inglaterra en el Siglo VIII y duró entre 1760-1830 que correspondió a la transformación del trabajo manual al trabajo mecanizado, implantado en base a máquinas de vapor.

La segunda revolución industrial se inició en la segunda mitad del Siglo XIX y se prolongó desde 1860 hasta 1950, con el surgimiento de la electricidad que permitió la manufactura en masa. Se producían máquinas para crear nuevas máquinas-herramientas.

La tercera revolución industrial emergió a mediados del Siglo XX, con la llegada de las computadoras, el internet, el software, los dispositivos móviles y la robótica.

En los últimos años está emergiendo la cuarta revolución industrial, llamada también “Industria 4.0”, caracterizada por la automatización de los procesos productivos en países de economías avanzadas y emergentes.

La discusión sobre el aumento del salario básico unificado nuevamente está en la mesa de debate entre empresarios-gobierno y trabajadores. Los empresarios con afán esperan que se congelen, como lo han pedido por tres años consecutivos -con o sin pandemia-,[1] el gobierno presenta una fórmula que en ningún momento considera las ganancias del sector empresarial[2] ni tampoco la creciente brecha entre el ingreso promedio de la población empleada y la canasta básica, que se ha triplicado, pasando del 9,1% en 2013 al 27,1% en 2019. En efecto, la restricción para una adecuada reproducción de la vida de los empleados es cada vez más alta antes de la llegada de la emergencia sanitaria, misma que debió exacerbarse con las medidas de la ley humanitaria que permitió reducir salarios y, la ralentización de la economía produce también un shock que afecta a los ingresos de la población no asalariada. Por tanto, la recuperación del poder adquisitivo de la población trabajadora es la clave para recuperar la economía a través de la demanda efectiva.

• El pensamiento de las élites económicas, empresariales y políticas siguen ancladas en el pasado

Se considera élites a grupos minoritarios de la población que ocupan el estrato superior de la sociedad porque gozan de privilegios por su patrimonio, conocimientos, prestigio, habilidades y son capaces de influir en la gestión del Estado, comunidad o institución. Las élites pueden ser económicas, empresariales, financieras, políticas, científicas, intelectuales, culturales o deportivas.

En Ecuador, las élites empresariales, financieras y políticas no han desarrollado una visión de país, un proyecto nacional, objetivos estratégicos, que promuevan el crecimiento sostenido de la economía a largo plazo. En los últimos decenios, se convirtieron en fervientes devotos del modelo económico de “libre mercado”, ya que consideran que la “mano invisible” funciona “eficientemente” en la asignación de recursos. El modelo estima al sector privado como el “motor de la economía” y relega al Estado a prestar servicios básicos de seguridad, justicia y educación.

Con o sin pandemia el sector empresarial está en contra no solo de mejorar las condiciones de vida del sector laboral, golpeado fuertemente en los últimos tres años -y más con la forma en que el gobierno descargó el peso de la emergencia sanitaria y la crisis previamente generada en sus hombros-, sino también de generar una recuperación en la economía y más empleo en la sociedad ecuatoriana.

En 2019 las élites económicas del país obtuvieron USD 698 millones de ingresos en total, eso implica un crecimiento del 16% en comparación al año anterior (USD 601 millones en 2018). El total de sus impuestos pagados en ese año ascienden a USD 29 millones, lo que representa a penas el 4,16% de sus ingresos. Por tanto, se demuestra que en conjunto los impuestos que pagan son mínimos. No obstante, el monto es aún menor considerando a los más ricos dentro de este conjunto. De esa manera, el decil más rico de las élites obtuvo ingresos por USD 440 millones, concentrando el 63% del total y con un incremento del 26,54% en comparación al año anterior (USD 348 millones). Sin embargo, paga tan solo USD 14 millones por todos sus impuestos, lo que representa menos de un 3,27%. Un porcentaje menor al observado en 2014 cuando ascendía al 3,40%. Una cifra menor al promedio de América Latina: 4,8% y totalmente alejado del 21,3% del promedio de la Unión Europea, ambos datos también del año 2014.

El PNUD y ONU Mujeres elaboraron un “Rastreador Global de Respuestas de Género a la COVID-19”[1] en el que se observan las medidas tomadas por 206 países y si estas son sensibles al género. En efecto, un análisis de América Latina indica que Ecuador es el segundo país que menos respuestas de protección social y laboral tuvo con tan solo 17 medidas, de las cuales solo 11 incorporaban de cierta manera la perspectiva de género. En contrapartida, el país que más medidas aplicó con perspectiva de género fue Argentina con 26 respuestas y también de los que más respuestas formuló en general con 44. Eso demuestra la diferencia entre gobiernos que tienen como fin quedar bien con los mercados y los que tienen como eje el bienestar de su población.