• El pensamiento de las élites económicas, empresariales y políticas siguen ancladas en el pasado

Se considera élites a grupos minoritarios de la población que ocupan el estrato superior de la sociedad porque gozan de privilegios por su patrimonio, conocimientos, prestigio, habilidades y son capaces de influir en la gestión del Estado, comunidad o institución. Las élites pueden ser económicas, empresariales, financieras, políticas, científicas, intelectuales, culturales o deportivas.

En Ecuador, las élites empresariales, financieras y políticas no han desarrollado una visión de país, un proyecto nacional, objetivos estratégicos, que promuevan el crecimiento sostenido de la economía a largo plazo. En los últimos decenios, se convirtieron en fervientes devotos del modelo económico de “libre mercado”, ya que consideran que la “mano invisible” funciona “eficientemente” en la asignación de recursos. El modelo estima al sector privado como el “motor de la economía” y relega al Estado a prestar servicios básicos de seguridad, justicia y educación.

Con o sin pandemia el sector empresarial está en contra no solo de mejorar las condiciones de vida del sector laboral, golpeado fuertemente en los últimos tres años -y más con la forma en que el gobierno descargó el peso de la emergencia sanitaria y la crisis previamente generada en sus hombros-, sino también de generar una recuperación en la economía y más empleo en la sociedad ecuatoriana.

En 2019 las élites económicas del país obtuvieron USD 698 millones de ingresos en total, eso implica un crecimiento del 16% en comparación al año anterior (USD 601 millones en 2018). El total de sus impuestos pagados en ese año ascienden a USD 29 millones, lo que representa a penas el 4,16% de sus ingresos. Por tanto, se demuestra que en conjunto los impuestos que pagan son mínimos. No obstante, el monto es aún menor considerando a los más ricos dentro de este conjunto. De esa manera, el decil más rico de las élites obtuvo ingresos por USD 440 millones, concentrando el 63% del total y con un incremento del 26,54% en comparación al año anterior (USD 348 millones). Sin embargo, paga tan solo USD 14 millones por todos sus impuestos, lo que representa menos de un 3,27%. Un porcentaje menor al observado en 2014 cuando ascendía al 3,40%. Una cifra menor al promedio de América Latina: 4,8% y totalmente alejado del 21,3% del promedio de la Unión Europea, ambos datos también del año 2014.

El PNUD y ONU Mujeres elaboraron un “Rastreador Global de Respuestas de Género a la COVID-19”[1] en el que se observan las medidas tomadas por 206 países y si estas son sensibles al género. En efecto, un análisis de América Latina indica que Ecuador es el segundo país que menos respuestas de protección social y laboral tuvo con tan solo 17 medidas, de las cuales solo 11 incorporaban de cierta manera la perspectiva de género. En contrapartida, el país que más medidas aplicó con perspectiva de género fue Argentina con 26 respuestas y también de los que más respuestas formuló en general con 44. Eso demuestra la diferencia entre gobiernos que tienen como fin quedar bien con los mercados y los que tienen como eje el bienestar de su población.

Entre enero y agosto de 2020, durante la emergencia sanitaria provocada –más que por la epidemia- por los recortes del presidente Moreno al sector de la salud y el pago de la deuda externa, la banca (un total de 24 bancos) aumentó su activo y patrimonio en un 6%  y 11% respectivamente. Si bien existen variaciones entre entidades, los 4 principales bancos (ver tabla 1-2) muestran esta tendencia de crecimiento. En un periodo plagado por despidos, por la pérdida de recursos económicos para la mayoría de la población ecuatoriana, se observa que la banca no pierde. No obstante ¿Por qué entonces la liberalización de las tasas de interés? ¿Por qué el escaso y casi nulo apoyo crediticio a la MIPYMES para la reactivación de sus actividades? Porque la banca no solo no debe perder, debe ganar cada vez más y el récord de utilidades en 2019  (USD 616 millones) debe superarse y ni la pandemia ni la vida de los habitantes del país deben impedirlo. Lamentablemente, con un gobierno y todas sus instituciones subordinadas a a la banca va a realizar todo lo que esté a su alcance para lograrlo.

En días pasados se realizó el anuncio de la liberalización de las importaciones de combustibles y de las tasas de interés bajo el argumento de “nueva metodología para las tasas de interés activas máximas”[1] que sería elaborada por el Banco Central (preludio del intento de entrega a la Banca de esta institución con el paraguas de “autonomía”). Ambas acciones que continúan el camino neoliberal emprendido por el gobierno del presidente Moreno, más depredador que las recetas del FMI (como mostró la aprobación y aplicación de la Ley de Fomento Productivo de agosto de 2018 vista con buenos ojos por el organismo internacional como un avance), a tal punto que el ministro Martínez llegó a postular la eliminación del Impuesto a Salida de Divisas -ISD- que es el pilar de la dolarización y debe mantenerse, incluso aumentar por la fuga de capitales y que el FMI no recomendaba.[2] No obstante, el FMI no tardó en sumarse a esta premisa, haciendo gala de su condición de cómplice en la producción de desigualdades en los países con gobiernos capturados por la élite empresarial.[3]

Se inicia en el año 2007 con la victoria de Rafael Correa, candidato de la llamada Alianza PAIS que agrupaba a organizaciones políticas de orientación de izquierda a la que se sumaron, en la segunda vuelta, el movimiento indígena y otras fuerzas políticas de centro, opuestas al candidato Álvaro Noboa que simbolizaba al viejo país, el país de la oligarquía bananera y los banqueros de la costa.

El reciente acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional vuelve a poner en el centro la política del “ajuste estructural” con el objetivo (declarado) de alcanzar un excedente fiscal en los años venideros. Siguiendo el recetario tradicional, esto se debería lograr principalmente por medio de recortes en el gasto público. Paralelamente se busca “ganar competitividad internacional” mediante una política de devaluación interna a través de una mayor “flexibilización laboral”, profundizado las políticas económicas ya en curso.[1]