Robertho Rosero

Jonathan Báez Valencia

La autonomía financiera que un GAD provincial construye es un elemento fundamental para la gestión de recursos que permitan mejorar la calidad de vida de la población, asegurando su bienestar. En ese sentido, exigir las transferencias desde el Gobierno Central con una política que piense en la gente y no en las ganancias, así como la capacidad de generar recursos propios, es una condición para alcanzar dicho bienestar. De esa forma, se presenta el ranking de GADs provinciales con autonomía financiera.

Jonathan Báez Valencia

En el primer año de gestión del presidente Lasso, las palabras desigualdad y pobreza no fueron nombradas ni una sola vez. No obstante, estas se perciben cotidianamente en la vida de la mayoría de la población ecuatoriana -a excepción de las élites- y la evidencia empírica así lo demuestra. En el caso de la desigualdad, por ejemplo, el índice de Gini (coeficiente que mide la desigualdad: mientras más se acerca a 1 existe mayor inequidad) pasó de 0,474 en diciembre de 2021 a 0,481 en marzo de 2022 (última cifra disponible). En efecto, se trata de un nivel superior al de 2019, lo cual daría señales de que la desigualdad es la característica en el gobierno del presidente Lasso.

Alberto López B.

¿Concesión o Privatización?

Desde que se promulgó la Ley 50 de Modernización del Estado, en  Registro Oficial 349 de 31 de Diciembre de 1993 (en pleno periodo neoliberal), el Ecuador no ha encontrado un modelo económico estable y duradero, motivo por el cual ha tenido que entrar en procesos de ajuste. Un ajuste que hasta la fecha no han logrado mejorar las condiciones de vida de las personas. Las razones que motivaron la expedición de esta ley eran resolver la crisis económica causada por la falta de un modelo económico consistente, por lo que se planteó entrar en un proceso de privatización y concesión de servicios, con la finalidad de atenuar las cargas económicas que soporta el presupuesto general del Estado, pero que en la práctica han aumentado las ganancias de las empresas.

Sigue leyendo «Concesión de servicios y privatización de empresas públicas en el Ecuador»

Bayardo Tobar

En el Ecuador, la centralidad del Estado y la concentración del poder en el ejecutivo  existen desde antes de que aparezca el socialismo científico, como le llamó Federico Engels, y  desde antes de que triunfe la revolución Rusa, en 1917, y se instaure la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sigue leyendo «Estatismo no es socialismo»

Jonathan Báez Valencia

La Ley que permitiría el aumento de las tarifas de servicios que proveen los activos del Estado a ser privatizados también tiene un beneficio más al sector empresarial: el no pago de impuestos o exenciones tributarias. Así lo establece el artículo 110 respecto al impuesto a la renta, los artículos 106,107, 111 y 112 respecto al Impuesto al Valor Agregado -IVA- y el 113 respecto al Impuesto a la Salida de Divisas -ISD-. Esto quiere decir que el Estado va a crear Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Zonas francas que no tienen otro objetivo que permitir que los agentes económicos no paguen impuestos. Esto le costaría al Estado más de 31 millones de dólares al año solo por concepto de Impuesto a la Renta e IVA según el informe del SRI, el monto por el ISD fácilmente puede elevar esta cifra, pero no puede ser calculado según esta misma entidad.

Jonathan Báez Valencia

Gonzalo Silva Zambrano

La Ley de “Inversiones” enviada por el presidente Lasso tiene como objetivo generar el marco normativo para privatizar los activos del Estado y cederlos a distintos actores privados. A su vez, estos últimos tienen como uno de sus fines aumentar la tarifa de los servicios públicos para garantizarse altos niveles de ganancia. Del otro lado de la moneda los y las ciudadanas del país van a tener que pagar más por los servicios y eso va a restringir su consumo, disminuir su capacidad adquisitiva (ya limitada por la precarización laboral) y, por lo tanto, su bienestar. En efecto, dar paso a esta Ley significa que el Estado decide por voluntad propia dar cabida a perder su capacidad de generar bienestar a las grandes mayorías, para dar paso a dar bienestar a una minoría privatizadora cuyo único interés es el lucro y la ganancia. En resumen, se trata de un nuevo paquetazo a la sociedad ecuatoriana.

Alberto López B

El Banco del Pacífico se constituyó el 18 de enero de 1972 mediante resolución 286  de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, se aprobó la constitución y establecimiento del “Banco del Pacífico Sociedad Anónima”; el promotor del banco fue el empresario Guayaquileño Marcel Laniado de Wind, inició sus operaciones el 10 de abril de 1972 con capital de 40 millones de sucres aportado por 447 accionistas;   siempre estuvo entre los cuatro bancos privados más grandes del Ecuador, por causas de la crisis financiera del año 1999 y el feriado bancario del 2000, el banco estuvo al borde de su liquidación.

Jonathan Báez Valencia

La disputa sobre quién preside el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social -CPCCS- tiene que ver con un nuevo asalto de la élite empresarial que tiene como objetivo controlar las entidades de toma de decisiones públicas para su exclusivo beneficio. En este caso, un espacio fundamental como es la elección de autoridades estatales de control que, muy bien pueden convertirse en instancias legitimadores del más rancio neoliberalismo, tal como fue implementado el CPCCS transitorio con Trujillo a la cabeza y que en esta ocasión es el consejero Ulloa aquel agente investido para este propósito. En efecto, al revisar uno de los “mundos sociales de pertenencia” de aquel consejero, se puede confirmar lo dicho.

Jonathan Báez

El aumento de USD 25 al salario básico unificado en el año 2022 implicó un crecimiento del 6,25% en comparación al año anterior cuando no aumentó nada. A pesar de esto, se despertó la alerta entre las cámaras empresariales, considerándolo un exceso. La justificación es que en Ecuador se paga uno de los salarios mínimos más altos de la región, ocupando el cuarto lugar en un ranking después de Costa Rica, Uruguay y Chile[1] en 2018, lo que le quita competitividad al país. El problema con este tipo de comparaciones es que no consideran que este nivel se encuentra en términos nominales, es decir, no consideran la situación de cada país respecto a la capacidad de compra que genera ese salario. Por lo que, una revisión del salario mínimo en paridad de poder adquisitivo (PPA) muestra que Ecuador se encuentra en el noveno lugar. De esa manera se muestra que el pánico de las cámaras carece de fundamento. Sigue leyendo «Ni con los 25 dólares adicionales los salarios son altos en Ecuador»

Isaías Campaña C.

En Ecuador la corrupción emergió desde que su territorio formaba parte de la Gran Colombia; se registró con mayor y/o menor intensidad en la época republicana, en los gobiernos dictatoriales, en el retorno a la democracia y se agudizó y persistió en el gobierno de la “revolución ciudadana”. Sigue leyendo «¿Se puede combatir la corrupción con eficacia?»