Jonathan Báez Valencia
Gonzalo Silva Zambrano
La Ley de “Inversiones” enviada por el presidente Lasso tiene como objetivo generar el marco normativo para privatizar los activos del Estado y cederlos a distintos actores privados. A su vez, estos últimos tienen como uno de sus fines aumentar la tarifa de los servicios públicos para garantizarse altos niveles de ganancia. Del otro lado de la moneda los y las ciudadanas del país van a tener que pagar más por los servicios y eso va a restringir su consumo, disminuir su capacidad adquisitiva (ya limitada por la precarización laboral) y, por lo tanto, su bienestar. En efecto, dar paso a esta Ley significa que el Estado decide por voluntad propia dar cabida a perder su capacidad de generar bienestar a las grandes mayorías, para dar paso a dar bienestar a una minoría privatizadora cuyo único interés es el lucro y la ganancia. En resumen, se trata de un nuevo paquetazo a la sociedad ecuatoriana.
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