La noticia sobre las previsiones macroeconómicas del grave decrecimiento del PIB de Ecuador es alarmante, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL- estima que este sea de -9% y el Fondo Monetario Internacional –FMI- pronostica un -10,9%. Una situación sin duda preocupante pero que no alcanza para dimensionar la catástrofe del gobierno de Moreno en el manejo de la política económica del país antes y durante la pandemia. En efecto, para ello son necesarios los análisis de su efecto en la población ecuatoriana.

“El desempleo generado por la crisis económica por el covid-19 ocasionará el aumento del trabajo infantil”[1] es la primera frase en un análisis erróneo del incremento del trabajo infantil en el país. De esa manera la evidencia empírica muestra que en diciembre de 2019, antes de la pandemia, el trabajo infantil alcanzó al 8,3% del total de niños y niñas entre 5 y 14 años. En efecto, se trata del porcentaje más alto en 12 años, un retroceso total después de un periodo de disminución consistente que ni en la crisis económica del 2015-2016 (por la caída del precio del petróleo, apreciación del dólar, entre otros factores) dio como resultado el acelerado crecimiento del trabajo infantil. Por lo tanto, el aumento del trabajo infantil es el resultado de las políticas económicas del Gobierno de Moreno y Martínez pro élites y desigualdad, que ha enriquecido a pocos y situado en vulnerabilidad a las mayorías, incluyendo a la población infantil.

En el Ecuador, a más de las pandemias del COVID-19 y corrupción en la contratación pública, en los últimos días sale a la luz la importación de vehículos exonerados de impuestos, que involucra a políticos, gobernantes, empresarios, deportistas e intelectuales registrados de manera oscura como “Discapacitados”; amparados en la Ley Orgánica de Discapacidades (año 2013) han visto la oportunidad para eludir, evadir o defraudar al Fisco por millones de dólares y con maniobras mañosas se exoneran del pago de impuestos, tasas y contribuciones para enrolarse en la “Corrupción Tributaria”  que es otra pandemia que afecta a nuestro país.

La sociedad ecuatoriana está absorta y perpleja, ante los allanamientos de la Fiscalía por escándalos de corrupción en plena pandemia del COVID-19, el Estado ecuatoriano atraviesa una crisis moral y ética donde ciertos políticos, gobernantes, servidores públicos y empresarios privados, han visto la oportunidad para el atraco a los fondos públicos; sin duda alguna, esto se produce porque los caudillos de partidos o movimientos políticos, seleccionan candidatos a figuras de pantalla, de belleza, cantantes, futbolistas, etc. para cargos por votación popular (Asambleístas, Alcaldes, Prefectos, Concejales, etc.), que nos gobiernen;  muchos de ellos, no preparados para la gestión pública, peor aún para decisiones en política pública, son manipulados por los grupos de poder y fácilmente absorbidos por las redes de corrupción.

Si las declaraciones del funcionario del gobierno de Moreno en el que menciona “nosotros tenemos que velar por los derechos de los empresarios, porque esa es nuestra obligación como Ministerio de Trabajo” (Poveda, 2020)[1] no son suficientes para demostrar que el cambio de nombre a Ministerio del Capital o Empresarial es la puesta en marcha de la “realidad ha superado la legalidad”, la risa siniestra en la portada de una nota que matiza el despiadado despido de 115 mil trabajadores y trabajadoras durante la emergencia hasta mayo.[2] Ante estos sucesos, sumados a los acuerdos ministeriales en los que incluso no se considera el virus como una enfermedad laboral[3], llevan a formular la cuestión de ¿Qué ocurre con estas personas que van al desempleo? ¿Qué nos dicen las cifras disponibles sobre el desempleo en el país? La respuesta es la pobreza. Y, por tanto, parece ser que esta risa se debe a la precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora, cumpliendo el rol de defender a los empresarios y sus ganancias.