Autor: Shanaka Anslem Perera[1]

Publicado primero en: https://x.com/shanaka86/status/2011708754757132332?s=20; responsable de la traducción: Miguel Ruiz
Estados Unidos acaba de vender 500 millones de dólares en petróleo venezolano. Pero depositaron el dinero en Catar. Ni en Estados Unidos. Ni en Venezuela. En Catar. He aquí por qué ese pequeño detalle cambia todo lo que crees saber sobre lo que acaba de suceder.
Venezuela debe 170 000 millones de dólares a acreedores internacionales. A tenedores de bonos. A compañías petroleras. A China. A todo el mundo se le debe dinero. Cualquier cuenta en Estados Unidos o Venezuela sería inmediatamente embargada mediante un litigio. Por eso, la administración Trump depositó el dinero en Catar. Un «lugar neutral» donde los fondos fluyen libremente con la aprobación de Estados Unidos y sin riesgo de embargo.
Esto no es liberación. Esto no es un cambio de régimen. Esto no es una intervención. Este es el primer despliegue operativo de una nueva arquitectura para la captura de recursos soberanos. La secuencia:
3 de enero: Captura del presidente.
6 de enero: Anuncio de que Estados Unidos «dirigirá» el sector petrolero de forma indefinida.
9 de enero: Firma de una orden ejecutiva que protege los ingresos de todos los acreedores.
14 de enero: Finalización de la primera venta de 500 millones de dólares.
Doce días desde la operación militar hasta la captura de ingresos. Irak tardó seis años en firmar sus primeros contratos petroleros importantes después de 2003. Las empresas extranjeras operaban bajo la legislación iraquí. Los ingresos iban a parar a cuentas iraquíes.
Venezuela 2026: El Gobierno de EE. UU. comercializa directamente el petróleo, completa las ventas y deposita los ingresos en cuentas que controla en terceros países. Esto nunca ha ocurrido antes. ¡Nunca! ¡Sí! Ni en Irak. Ni en Libia. Ni en Kuwait. En ningún sitio desde 1945.
La orden ejecutiva es el documento clave. Declara que los ingresos petroleros venezolanos están exentos de todas las reclamaciones de acreedores, todas las sentencias judiciales y todos los arbitrajes internacionales. Con una sola firma, 170 000 millones de dólares en obligaciones legales dejaron de ser exigibles. La arquitectura jurídica internacional construida a lo largo de 80 años fue eludida mediante una orden ejecutiva nacional y una cuenta en Doha.
El director ejecutivo de ExxonMobil calificó a Venezuela de «inviable para la inversión» en la reunión celebrada en la Casa Blanca la semana pasada. Tiene razón. Y no importa. Cuando el Gobierno de Estados Unidos controla el flujo de ingresos, lo protege de los tribunales y promete «facilitarlo todo», el antiguo cálculo de la inversión queda obsoleto.
La plantilla ya está en funcionamiento:
– Designar al Gobierno como narcoterrorista.
– Desplegar al ejército para capturar a los líderes.
– Instalar una autoridad provisional cooperativa.
– Emitir un decreto ejecutivo que anule todas las obligaciones anteriores.
– Vender los recursos a través de canales controlados por Estados Unidos.
– Depositar los ingresos en jurisdicciones fuera del alcance legal.
Cualquier nación con vastos recursos naturales, un gobierno cuya legitimidad pueda ser cuestionada y una disuasión militar insuficiente acaba de ver cómo se ejecutaba esta plantilla en tiempo real.
Venezuela tiene más de 303 000 millones de barriles de reservas probadas. Las mayores del planeta. Estados Unidos controla ahora el flujo de ingresos. Esta no es una historia sobre Trump o Maduro o la ética de la intervención. Es el nacimiento de una nueva arquitectura imperial que hace irrelevante el orden jurídico poswestfaliano mediante la ingeniería financiera y la banca offshore.
El siglo XXI no estará determinado por el derecho internacional. Lo determinará quien controle las cuentas.
[1] Autor y analista independiente. Explora temas relacionados con el dinero, la geopolítica, la inteligencia artificial, la ciencia y la soberanía. Traza un mapa del colapso y la reconstrucción del orden. Substack: https://substack.com/@shanakaanslemperera
