Por: Guillermo Herrera V.

La propuesta de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Sostenibilidad Territorial, presentada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con carácter de urgente en materia económica, se da en un ambiente de tensión entre los gobiernos locales y el Gobierno nacional, debido a las deudas persistentes que mantiene el Estado central con prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales.

Bajo una narrativa de optimización del gasto, subyace un riesgo de recentralización y asfixia financiera para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de menor tamaño, especialmente aquellos con limitada capacidad de recaudación.