La sociedad ecuatoriana está absorta y perpleja, ante los allanamientos de la Fiscalía por escándalos de corrupción en plena pandemia del COVID-19, el Estado ecuatoriano atraviesa una crisis moral y ética donde ciertos políticos, gobernantes, servidores públicos y empresarios privados, han visto la oportunidad para el atraco a los fondos públicos; sin duda alguna, esto se produce porque los caudillos de partidos o movimientos políticos, seleccionan candidatos a figuras de pantalla, de belleza, cantantes, futbolistas, etc. para cargos por votación popular (Asambleístas, Alcaldes, Prefectos, Concejales, etc.), que nos gobiernen;  muchos de ellos, no preparados para la gestión pública, peor aún para decisiones en política pública, son manipulados por los grupos de poder y fácilmente absorbidos por las redes de corrupción.

Si las declaraciones del funcionario del gobierno de Moreno en el que menciona “nosotros tenemos que velar por los derechos de los empresarios, porque esa es nuestra obligación como Ministerio de Trabajo” (Poveda, 2020)[1] no son suficientes para demostrar que el cambio de nombre a Ministerio del Capital o Empresarial es la puesta en marcha de la “realidad ha superado la legalidad”, la risa siniestra en la portada de una nota que matiza el despiadado despido de 115 mil trabajadores y trabajadoras durante la emergencia hasta mayo.[2] Ante estos sucesos, sumados a los acuerdos ministeriales en los que incluso no se considera el virus como una enfermedad laboral[3], llevan a formular la cuestión de ¿Qué ocurre con estas personas que van al desempleo? ¿Qué nos dicen las cifras disponibles sobre el desempleo en el país? La respuesta es la pobreza. Y, por tanto, parece ser que esta risa se debe a la precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora, cumpliendo el rol de defender a los empresarios y sus ganancias.