La historia de la deuda externa ecuatoriana tiene varios pasajes. En ellos se muestran varias caras, sin embargo, es posible reducirlas a dos: la soberanía y el servilismo. Este último en más ocasiones de la que deberían tolerarse. En efecto, las cuestiones que giran alrededor de estos acontecimientos permiten observar cómo la memoria debe refrescarse continuamente para impedir que el engaño vuelva a impregnarse en la retina de la sociedad. En los siguientes esbozos de respuestas se trata de resumir algunas preguntas sobre la historia de la deuda externa en Ecuador.

La noticia sobre las previsiones macroeconómicas del grave decrecimiento del PIB de Ecuador es alarmante, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL- estima que este sea de -9% y el Fondo Monetario Internacional –FMI- pronostica un -10,9%. Una situación sin duda preocupante pero que no alcanza para dimensionar la catástrofe del gobierno de Moreno en el manejo de la política económica del país antes y durante la pandemia. En efecto, para ello son necesarios los análisis de su efecto en la población ecuatoriana.

“El desempleo generado por la crisis económica por el covid-19 ocasionará el aumento del trabajo infantil”[1] es la primera frase en un análisis erróneo del incremento del trabajo infantil en el país. De esa manera la evidencia empírica muestra que en diciembre de 2019, antes de la pandemia, el trabajo infantil alcanzó al 8,3% del total de niños y niñas entre 5 y 14 años. En efecto, se trata del porcentaje más alto en 12 años, un retroceso total después de un periodo de disminución consistente que ni en la crisis económica del 2015-2016 (por la caída del precio del petróleo, apreciación del dólar, entre otros factores) dio como resultado el acelerado crecimiento del trabajo infantil. Por lo tanto, el aumento del trabajo infantil es el resultado de las políticas económicas del Gobierno de Moreno y Martínez pro élites y desigualdad, que ha enriquecido a pocos y situado en vulnerabilidad a las mayorías, incluyendo a la población infantil.

En el Ecuador, a más de las pandemias del COVID-19 y corrupción en la contratación pública, en los últimos días sale a la luz la importación de vehículos exonerados de impuestos, que involucra a políticos, gobernantes, empresarios, deportistas e intelectuales registrados de manera oscura como “Discapacitados”; amparados en la Ley Orgánica de Discapacidades (año 2013) han visto la oportunidad para eludir, evadir o defraudar al Fisco por millones de dólares y con maniobras mañosas se exoneran del pago de impuestos, tasas y contribuciones para enrolarse en la “Corrupción Tributaria”  que es otra pandemia que afecta a nuestro país.