Por: Guillermo Herrera V.
Aspectos Generales
Con 78 votos afirmativos fue aprobada la proforma presupuestaria 2026 enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, el documento muestra un país en una situación fiscal compleja: alto endeudamiento, ingresos permanentes insuficientes y una reducción persistente de la inversión pública.
El monto total del presupuesto presentado en la proforma asciende a 46.255,57 millones de dólares (MDD), según el Justificativo de Ingresos y Egresos 2026, el presupuesto se compone de ingresos corrientes por 21.679,9 millones de dólares, ingresos de capital por 8.470,6 millones y financiamiento por 16.104,9 millones. Es decir, alrededor de un tercio del presupuesto proviene de endeudamiento.
Aunque el discurso oficial habla de “consolidación fiscal”, la estructura del presupuesto revela una fuerte dependencia del financiamiento, tanto interno como externo, para sostener el funcionamiento del estado.
Supuestos Macroeconómicos
El marco macroeconómico prevé un crecimiento real del PIB de 1,8 por ciento en 2026, una desaceleración importante respecto al estimado de 2025. La inflación anual promedio alcanzaría el 3,19 por ciento. El tamaño de la economía se estima en 139.046 millones de dólares(Producto Interno Bruto). En el sector petrolero se prevé una disminución de la producción con 165,5 millones de barriles a un precio promedio de 53,5 dólares por barril.
Este escenario económico es moderadamente restrictivo, con bajo crecimiento, inflación al alza y precios petroleros menores a los del año anterior, lo que limita la generación de ingresos fiscales estructurales.
Estructura Tributaria y Dependencia de Ingresos no Permanentes
Los ingresos tributarios continúan siendo la principal fuente de recursos permanentes para el estado. Para 2026 se proyecta una recaudación de 17.557,8 MDD, equivalente al 37,96% del total de ingresos. El impuesto al valor agregado (IVA) aportará 8.999,7 millones y el Impuesto a la Renta alrededor de 5.100,9 millones. Los aranceles y el Impuesto a la Salida de Divisas contribuirán con más de 2.100 millones adicionales.
Los ingresos no permanentes alcanzan 8. 470,6 millones de dólares e incluyen recursos por concesiones y aportes petroleros. Este último rubro se estima en 3.156 millones de dólares, que corresponde a venta de petróleo, impuestos y regalías principalmente.
Llama la atención que en el presupuesto se considera ingresos por concepto de monetización y venta de activos por el valor de 5.441,66 millones de dólares en el sector minero e hidrocarburífero, la concesión del oleoducto de crudos pesados (OCP) consta en la propuesta, sin detallar el procesos que se va a seguir para realizar dicha operación, ni cuales son los parámetros que se tomaron para calcular el valor.
La estructura revela una elevada dependencia de ingresos extraordinarios, lo que aumenta la vulnerabilidad fiscal y la opacidad en los supuestos que se analizaron para calcular el presupuesto.
Rigidez del Gasto y Presión por el Servicio de la Deuda
El gasto público mantiene una estructura rígida: remuneraciones, transferencias, bienes y servicios, y obligaciones financieras representan la mayor proporción del presupuesto.
Los egresos no permanentes ascienden a 12.052 millones, de los cuales se destina 10.512,81 millones de dólares a cubrir financiamiento, es decir, pago de amortización de bonos y amortización de créditos de multilaterales, mientras que para inversión apenas se presupuesta 1.764 millones.
El plan anual de inversiones presenta una reducción de alrededor de 200 millones con respecto al presupuestado para el ejercicio 2025.
El servicio de la deuda se ha convertido en una de las presiones fiscales más relevantes. En la práctica, el Estado destina más recursos a pagar obligaciones que a financiar obra pública o fortalecer servicios esenciales como educación, salud o seguridad.
Déficit Fiscal y Financiamiento
Los requerimientos totales de financiamiento para 2026 ascienden a 16.135 millones de dólares, equivalentes al 11,6 por ciento del PIB. Esto incluye un déficit global de 3,9 por ciento del PIB y amortizaciones que representan el 7,7 por ciento.
Esta estructura significa que Ecuador no solo necesita deuda para cubrir el déficit del año, sino también para cumplir obligaciones previas, un patrón que evidencia la falta de sostenibilidad fiscal.
El presupuesto 2026 se enfrentará a una gran presión por cubrir los servicios de la déuda entre intereses y amortización, entre otras obligaciones, lo que significa que el gobierno cada año tiene menos margen de maniobra que le permita impulsar la reactivación del país con inversión pública.
Lo que representa una estructura presupuestaria inviable con objetivos de crecimiento económico y bienestar social, la reducción permanente de la inversión pública sigue generando deterioro de la infraestructura física del país, y reduciendo la calidad de los servicios públicos, principalmente de salud y educación.
Consideraciones Finales
El presupuesto 2026 muestra un entorno más restrictivo que el de 2025, con un menor crecimiento económico, menor precio del petróleo, altas necesidades de financiamiento, inversión pública estancada y rigidez persistente en el gasto.
En este contexto se pueden establecer algunos riesgos fiscales entre ellos la volatilidad del precio internacional del petróleo, la disminución de la producción petrolera, rigidez del gasto permanente, dificultad para acceder a financiamiento externo y, demandas sociales crecientes en educación, seguridad y servicios públicos.
La CEPAL señala que la región enfrenta déficits de inversión que, en contextos de ajuste fiscal, profundizan desigualdades existentes.
Aunque el discurso del Gobierno enfatiza el orden fiscal, la estrategia se concentra en limitar la inversión pública, no en revisar egresos permanentes ni en ampliar los ingresos permanentes.
No se nota ningún esfuerzo para mejorar la recaudación fiscal, reducir la evasión y elusión en lugar de cargar más peso sobre los contribuyentes formales. Se debería revisar de manera técnica las exoneraciones tributarias que no tienen justificación en términos de empleo, inversión o innovación.
El Presupuesto General del Estado 2026 confirma que Ecuador enfrenta una tensión entre la necesidad de consolidación fiscal y la urgencia de impulsar inversión pública. La inversión vuelve a ser la variable de ajuste, lo que limita la capacidad del país para desarrollar infraestructura, fortalecer servicios esenciales y promover el crecimiento económico.
Mientras el gasto corriente continúe sin reformas profundas y el endeudamiento siga siendo la principal herramienta para financiar el presupuesto, la consolidación fiscal será incompleta y la capacidad del Estado para fomentar desarrollo seguirá debilitada.
Un proceso fiscal sostenible requiere fortalecer ingresos permanentes, mejorar la eficiencia del gasto público y priorizar inversiones estratégicas. Bajo esta perspectiva, el presupuesto 2026 no constituye una herramienta adecuada para impulsar la transformación de la estructura productiva del país.
Para 2026, el Gobierno parece optar nuevamente por una baja ejecución presupuestaria como mecanismo para disimular el desfinanciamiento del Estado. Esta estrategia limita el crecimiento económico, profundiza las desigualdades y debilita la justicia social, principios fundamentales de una sociedad democrática.
Referencias
Ministerio de Economía y Finanzas. (2025). Anexo 2: Justificativo de ingresos y egresos de la Proforma Presupuestaria 2026.
Ministerio de Economía y Finanzas. (2025). Programación estratégica y sostenibilidad fiscal 2026–2029.
UNIDAD DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS DE COYUNTURA 