Cuando hay coherencia en la academia

Autores: Guido Duque, Robertho Rosero, Gustavo Pazmiño y Giovanny Manosalvas

«La Universidad de Cuenca acoge el pronunciamiento del Cabildo por el Agua de Cuenca en defensa inquebrantable de nuestros ecosistemas y zonas de recarga hídrica», así inicia el comunicado oficial de la Universidad de Cuenca donde se exhorta a las autoridades competentes al cumplimiento del pronunciamiento democrático de la población cuencana.

Es así como el quinto río —bautizada así la marcha del 16 de septiembre en la ciudad austral de cuatro ríos— fluyó caudaloso por las calles de la Atenas del Ecuador. Se ha estimado que la marcha alcanzó una participación de más de 100.000 personas con su presencia y voz en defensa de un recurso que define la vida y  la identidad de cada cuencano. Organizaciones sociales, el municipio, consejo provincial, bomberos, colegios y las universidades, entre otros colectivos, estuvieron presentes.

Esta posición de protección de lo público y de los derechos, manifestada por las máximas autoridades de la U. de Cuenca no es de este momento, sino que ha sido una postura coherente desde la llegada al rectorado de la doctora María Agusta Hermida, con la que tuvimos la oportunidad de conversar y reflexionar al respecto. Este artículo, más que una reseña de lo desarrollado en el mencionado encuentro, es una reflexión de la posición y compromiso que una universidad pública debería mantener.

«Al grito de “¡Kimsakocha no se vende, se defiende!”,  la #UCuenca participó en la marcha para defender el derecho al agua  y exigir la protección de los páramos , además de rechazar las medidas gubernamentales que amenazan la institucionalidad del Estado, sobre todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología», es el comunicado de la marcha del 8 de agosto en la que se mantenía presente la importancia de la defensa de la naturaleza.

Por otra parte, frente a la reducción de ministerios y fusión de instituciones que según la posición oficial era para lograr una «mayor eficiencia» del Estado. Podemos ver en su comunicado del 25 de julio «el despido masivo de funcionarios públicos, sin procesos técnicos, institucionales y justos, atenta contra el bienestar de la población, al dejar a miles de familias en condiciones de vulnerabilidad. Esta agenda de debilitamiento del sector público también afecta la calidad de los servicios, la competitividad del país y las políticas que garantizan derechos y prestaciones indispensables para toda la sociedad».

El 3 de julio, la «#UCuencaPresente  ¡Lo público no se vende, lo público se defiende!, con esta premisa servidores, empleados y trabajadores, acompañados y respaldados por las autoridades de la #UCuenca, se unieron a la marcha convocada este jueves como medida de rechazo a la Ley de Integridad Pública». La Universidad de Cuenca se sumó a esta acción y, mediante un manifiesto público del 27 de junio, expresó su rechazo ante cualquier retroceso en materia de derechos laborales y reiteró que estos deben ser garantizados y fortalecidos.

Finalmente, podemos ver la posición institucional en un tema tan delicado como lo ocurrido en diciembre de 2024, así se pronuncia en el  comunicado por la desaparición de los niños de Las Malvinas: «Por mandato de la Constitución, el Estado a través de sus instituciones debe asegurar a niñas, niños y adolescentes el ejercicio pleno de sus derechos y garantizarles la vida, el cuidado y la protección.».

Un compromiso institucional y comprometido con la sociedad digno de emular. La universidad pública debería tener un frente común, por lo que lamentamos el silencio y la pasividad de varias casonas universitarias del país que incluso le hacen juego a los poderes de turno.