
Miguel Ruiz Acosta
La pregunta por el «Cartel de los Soles» (CS) fue formulada por la nonagenaria agencia de prensa Swissinfo, dependiente de la Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión. La respuesta corresponde al analista senior del International Crisis Group (ICG), una organización no gubernamental con sede en Bruselas dedicada a la promoción de los derechos humanos y la resolución no violenta de conflicos. La nota, publicada el 28 de agosto pasado, se titula Cartel de los Soles: ¿existe la supuesta narcobanda de Maduro?Es decir, tanto quien pregunta como quien responde distan mucho de ser ni remótamente cercanos o simpatizantes del gobierno venezolano. Es más, Phil Gunson ha sido un durísimo crítico de dicho gobierno, como se puede comprobar en sus notas sobre Venezuela en el portal del ICG. Por otro lado, el último reporte (marzo de 2025) sobre Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos del Departamento de Estado, ni siquiera menciona al supuesto cartel de los Soles, aunque insiste en que «varias fuentes [que no menciona el reporte] han indicado que funcionarios alineados con Maduro lideran operaciones de tráfico de drogas». Pero de los Soles…ni sus luces.
Traemos esto a cuento a raíz de la reciente decisión del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa de considerar a esa organización (¿inexistente?) como terrorista. Por supuesto que la idea no es del presidente-bananero, sino que se hace eco de la desición de la Office of Foreing Assets Control (OFAC) de los EEUU de incorporarlo como entidad de terroristas globales especialmente designados (SDGT) del 25 de julio pasado, asegurando que el CS «proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos», en particular al Tren de Aragua y Cartel de Sinaloa.
Le decisión de nombrar como «terroristas» a grupos de narcotráfico reales (o de dudosa existencia) no es un simple capricho de las autoridades norteamericanas y de los gobiernos cipayos que las respaldan. Responde a un giro que dio la política exterior de los EEUU al menos desde la época del derrumbe de las torres gemelas de NY. Si los EEUU había exportado con anterioridad su fallida «guerra contra las drogas» a América Latina, es durante el último cuarto de siglo cuando decidieron fusionar discursivamente el terrorismo con el narcotráfico. Es decir, manufacturaron un problema que no existía. Lo que había era un trasiego internacional de drogas cuyo principal destino eran los propios Estados Unidos, con toda la violencia que implica la operación de un mercado ilegalizado: grosso modo, ellos ponían su cuota de adictos y nosotros, los latinoamericanos, los muertos. Pero, por más violencia que implique el tráfico de estupefacientes, desde el punto de de vista de muchos investigadores informados, narcotráfico y terrorismo no son lo mismo y hay mucho de impostado en la tesis hoy en boga de querer caracterizar como narcoterroristas a no pocas bandas delincuenciales. ¿Por qué es problemática entonces esta aproximación?
La respuesta corta es: porque la estrategia contra el «narcoterrorismo» nunca estuvo pensada para acabar con los problemas reales del tráfico y del consumo de drogas, sino que tuvo (tiene) otros objetivos que poco o nada tienen que ver con tales problemas. Como ha insistido la presidenta de México, el verdadero combate contra esos flagelos de orden transnacional debería tener como ejes centrales las acciones para reducir la demanda del principal país consumidor del planeta, algo que nunca ha sido prioridad de los círculos de poder que administra esa «guerra». Eso sin mencionar que las drogas no llegan solas hasta los consumidores finales, sino que pasan por múltiples manos, que no solo incluyen a los grupos delincuenciales de origen latinoamericano, sino que son distrubuidas al detalle por autéticos cárteles norteamericanos, contra los que muy poco han hecho las agencias de los Estados Unidos, como lo evidencia el reciente libro Los cárteles gringos, del periodista mexicano J. Jesús Esquivel. Entonces, si la guerra contra el «narcoterrorismo» nunca tuvo como objeto combatir el problema ¿cuál es su real propósito de existencia?
De acuerdo a algunos analistas críticos de la perspectiva securitista patrocinada por los EEUU como Jorge Paladines, el narcoterrorismo sería un concepto vacío que, antes que jurídico o criminológico, es de corte utilitario y «engloba lo que el decidor político define sobre el nuevo enemigo». De acuerdo a otros investigadores, tiene mucho más que ver con la necesidad de las élites norteamericanas para a) asegurar el control, geopolítico y militar de una región que históricamente han considerado su «patio trasero»; b) facilitar los negocios de su complejo industrial-militar a través de la creación de estados de «guerra» permamente en nuestros países, la mayoría de los cuales tienen a los EEUU como su principal proveedor de bienes y servicios para la seguridad y la defensa. En otras palabras, el interés de fondo no es acabar con el problema, sino perpetuarlo y gestionarlo a conveniencia. En palabras de la académica colombiana Silvia Mantilla-Valbuena, el discurso sobre narcoterrorismo ha sido «eficazmente aprovechado por el actor hegemónico para poner en marcha el engranaje de la guerra, la violencia y la intervención como estrategias que incrementan su poderío económico y militar». O, como recién escribió el presidente colombiano Gustavo Petro refiríendose al CS: «es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen». Esta tendencia a caracterizar a grupos criminales como «narcoterroristas» se ha agravado con los años.
La administración Trump ha dado algunos pasos adicionales en ese sentido, como la Orden Ejecutiva del 20 de enero de 2025 que «crea un proceso por el cual ciertos cárteles internacionales… y otras organizaciones serán designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras… o Terroristas Mundiales Especialmente Designados». Además de considerarlos una «amenaza para la seguridad nacional», los liga a una «serie de actores extrahemisféricos, desde organizaciones terroristas extranjeras designadas hasta gobiernos extranjeros antagonistas». Con esta decisión, la administración Trump dio una vuelta de tuerca en la estrategia bipartidista estadounidense que, al calor de la «guerra fría» contra China, quiere asegurar que la injerencia política y militar en las «dos periferias» de Nuesta América quede barnizada de nobles objetivos como la lucha contra las drogas.
Estas consideraciones nos permiten entender con mayor claridad los motivos reales de la visita al Ecuador de Marco Rubio, Secretario de Estado norteamericano y asesor de Seguridad Nacional. También nos sirven como coordenadas para vislumbrar los peligros de un alineamiento acrítico del gobierno ecuatoriano a la estrategia hemisférica estadounidense; y, en última instancia, señalar que la solución profunda y a largo plazo de los problemas relacionados con el narcotráfico no desaparecerán como por arte de magia bautizando como «terroristas» a los criminales reales y supuestos.
