Elecciones Ecuador 2025: las capas de la cebolla

Autor: Miguel Ruiz Acosta

1. Los resultados de las elecciones, en cualquier parte del mundo, son producto de una multiplicidad de factores y tendencias de diferentes orígenes y alcances espaciales y temporales. Es necesario reconocer los siguientes momentos, a los cuales podrían corresponder una serie de preguntas: a) el día de la elección: ¿la jornada se desarrolló con normalidad? ¿el proceso de votación, conteo de los votos y transmisión de los resultados fue transparente? ¿hubo o no coacción a los electores? ¿se respetó o no la voluntad expresada en las urnas?, etc.; b) el periodo de campaña: ¿fueron equitativas las condiciones entre los diferentes participantes? ¿qué tanto lograron conectar los candidatos con los sentimientos y expectativas de los electores? ¿se lograron alianzas efectivas, en términos electorales, de los partidos con otros movimientos políticos?; c) el momento histórico dentro del que se desarrolla el proceso electoral: más allá de los candidatos seleccionados ¿qué tanto prestigio poseen las fuerzas políticas que van a ir a la contienda? ¿a qué grupos sociales logra representar su discurso y su proyecto político? ¿cómo se configura y evoluciona el balance de fuerzas mundial/regional/nacional en un periodo de tiempo que va más allá de las semanas o meses en que tiene lugar el proceso electoral? ¿cuáles son las subjetividades colectivas dominantes en ese momento histórico? Es sobre este último punto que quisiéramos concentrar nuestra reflexión, pero primero es indispensable asentar algunos aspectos básicos de los momentos a) y b).

2. Respecto al primer punto podríamos resumir la situación como sigue: la fuerza derrotada (Revolución Ciudadana, RC) ha planteado públicamente la tesis de que el 13 de abril se desarrolló un fraude sobre el terreno. Los argumentos esgrimidos van desde la inconsistencia de cientos de actas hasta la utilización de papeletas impresas con una tinta especial que permitieron «traspasar» votos de uno a otro candidato (Ink Swap), así como de cambios de última hora de la ubicación de algunos recintos electorales, y la presencia excesiva de las fuerzas del orden, en el contexto de un nuevo «estado de excepción» declarado un día antes de las votaciones. Al momento de escribir estas líneas, la RC había presentado media docena de impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral, organismo que se ha negado a dar paso a la demanda de apertura de urnas y reconteo de votos; toca ahora al Tribunal Electoral determinar si la demanda es o no procedente. Casi con seguridad se negará a hacerlo. El líder histórico de la RC, argumenta que las irregularidades constituirían un «fraude sistemático». Por su lado, el informe preliminar de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) coincide con algunos de los señalamientos de la RC, aunque no concluye que el día 13 se haya desarrollado un «fraude» como tal. No obstante, el informe de la OEA manifiesta mayor preocupación sobre las múltiples irregularidades previas al día de la elección.

3. El periodo electoral: La frase «cancha sumamente inclinada» podría resumir lo que muchos actores políticos nacionales e internacionales han logrado probar de sobra con datos duros. Sin pretender ser exhaustivos al respecto, creemos que un par de párrafos del informe preliminar de la OEA recoge lo central de este aspecto de la contienda, al que también podríamos denominar, como han hecho algunos otros analistas como Agustín Burbano de Lara, «condiciones fraudulentas» de la elección. En palabras de la OEA:

…la Misión observó con preocupación que el proceso electoral estuvo marcado por condiciones de inequidad durante la campaña, así como por indicios sobre el uso indebido de recursos públicos y del aparato estatal con fines proselitistas. Estas prácticas afectan la competencia en la contienda y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Asimismo, constató que hubo incertidumbre por la falta de pronunciamientos claros y oportunos de parte del CNE y el TCE sobre aspectos normativos sensibles. La existencia de normas ambiguas, sumada a la ausencia de directrices por parte de las autoridades competentes, incrementó la tensión y desconfianza entre actores políticos y ciudadanos.

Estas afirmaciones por sí mismas, y con independencia de que más adelante la propia OEA haya reconocido la «aprobación de los resultados numéricos», ponen en tela de juicio la totalidad de un proceso electoral plagado de irregularidades e ilegalidades entre las cuales destaca, en primerísimo lugar, la negativa del Presidente a acatar la ley respecto al mandato de separarse del cargo mientras hacía campaña y, paralelamente, la complicidad de las autoridades electorales al no sancionar tal decisión. Es a esto a lo que se refieren algunos medios internacionales como «Elección de Estado«: un proceso ensuciado por el reparto de alrededor de 560 millones de dólares bajo la forma de «bonos» a grupos sociales en situación de vulnerabilidad en los días previos a los comicios; vulnerabilidad exponenciada, en algunos casos, por las afectaciones provocadas por un gran derrame petrolero y lluvias torrenciales que azotaron a algunas provincias costeras. En pocas palabras, lo que vivió el Ecuador fue una operación masiva de compra de votos a cargo del Presidente/candidato, por lo que bajo ningún concepto (incluso el más restringido de democracia procedimental) los comicios podrían ser caracterizados como «elecciones libres» o «democráticas». Tal vez allí resida, al menos en parte, la respuesta al misterio del trasvase de una enorme cantidad de los votos que obtuvieron un puñado de candidatos en primera vuelta, a manos de Noboa en el balotaje.  Cuando la cancha está tan inclinada no es verdad, como sostienen otros analistas, que las del 13 de abril eran unas elecciones «imposibles de perder» para la RC. Por otro lado, hay muchas preguntas respecto al «momento campaña» que tendrán que ir siendo dilucidadas más adelante, cuando se tengan más elementos de análisis, que tienen que ver con aciertos y errores de cada una de las estrategias electorales en lo relativo a discursos, alianzas, etc. No obstante, como ese no es el terreno de nuestra experticia, preferimos en lo que sigue llamar la atención sobre el último de los aspectos anunciados al inicio de estas líneas.

4. El momento histórico: en estricto sentido (y siguiendo a Gramsci) un análisis de coyuntura no se refiere a lo que pasa durante unos cuantos días o semanas, sino que tiene que ver con el estudio de un haz de relaciones de fuerzas contradictorias (económicas, políticas, ideológicas e, incluso, militares) que se anudan en un momento histórico particular, y que no pueden ser explicadas sólo a partir de las coordenadas del Estado-nación, sino que también poseen una dimensión internacional. Así, pensar la coyuntura ecuatoriana presente implicaría, cuando menos, poner el foco sobre los siguientes aspectos: 4.1 La relación de fuerzas en el plano económico/estructural; 4.2 La relación de fuerzas en el plano político-ideológico; 4.3 La relación de fuerzas en el plano internacional. A continuación, expondremos de forma muy general en qué medida cada una de esas dimensiones puede ayudar a comprender los acontecimientos de los días que corren.

4.1. Relaciones de fuerza en el plano económico/estructural: el estallido de la pandemia del COVID-19 y la gestión económica de orientación neoliberal que la acompañó, de la mano de los gobiernos de Moreno y de Lasso, transformó el paisaje de la situación de la economía del país: arrojó a miles de personas a situaciones de desempleo y subempleo de las cuales no todas pudieron recuperarse una vez que la pandemia acabó. Para colmo, las políticas de austeridad asociadas al retorno del Ecuador a los brazos del FMI implicaron el acelerado deterioro de los servicios públicos, principalmente de salud, educación, seguridad… contribuyendo a la sensación de vulnerabilidad. En breve, vulnerabilidad social y precariedad laboral se tornaron la norma para cada vez mayores segmentos de la población ecuatoriana. Y, como no es difícil de entender, la precariedad suele ir acompañada de procesos de desestructuración de los tejidos familiares y comunitarios, sobre todo en ausencia de entramados organizativos que den respuestas colectivas a los desafíos de las situaciones de crisis. La austeridad pos-pandémica también provocó un pobre desempeño de la economía en su conjunto. De hecho, después del esperado repunte de 2021, el ritmo de variación anual del PIB no ha dejado de ir a la baja, alcanzando durante el 2024 una tasa negativa (-2%). Pero, en sentido contrario, lo que sí ha ido al alza es la economía ilegal, que se expande a través del crecimiento del crimen organizado (narcotráfico principalmente) y del lavado de dinero asociado a aquél. En otras palabras, para no pocos segmentos de la población (tanto de las clases dominantes como de los sectores populares) las economías ilegales se presentan progresivamente como opciones más viables para hacer negocios o simplemente para sobrevivir. Este proceso de lumpenacumulación quedó expuesto con mucha claridad durante el gobierno de Guillermo Lasso, al estar implicado él mismo y sus familiares cercanos en escándalos que los vincularon con entramados de corrupción y narcotráfico… pero hay cada vez más indicios de que la imbricación entre el poder económico devenido político y el tráfico internacional de estupefacientes continúa bajo la actual administración.

Uno de los resultados más dramáticos (que no el único) del panorama descrito es el crecimiento exponencial de las víctimas mortales por asesinatos durante el último lustro, a las que habría que sumar las igualmente alarmantes cifras de extorsiones, secuestros y demás delitos. Así, a las ya señaladas vulnerabilidad y precariedad, habría que agregar un nuevo ingrediente: el miedo, el cual nos lleva al siguiente punto.

4.2 La relación de fuerzas en el plano político-ideológico: sin pretender ser mecanicistas, es imposible ignorar el poder de influjo que las transformaciones en el plano de la reproducción material de la vida tienen sobre las subjetividades.  Como se ha estudiado para otros casos como México o Colombia, la expansión de las economías criminales en contextos de políticas desestructurantes del tejido productivo, constituye el fundamento material para la transformación de las subjetividades sociales que se van orientando hacia estrategias de sobrevivencia en donde coexisten el «todo se vale» por un lado, pero también se fortalecen sentidos comunes de corte autoritario que son cada vez más tolerantes con las estrategias de «mano dura» o de acciones extra-legales de los gobiernos para «poner orden». Esta parece ser la mezcla explosiva de ingredientes que permiten dar cuenta de cómo durante los últimos años en el Ecuador viene operando un proceso subterráneo de transformaciones en el plano de la subjetividad, que se manifiestan de diversas formas: deterioro de los valores democráticos; mayor disposición a soluciones autoritarias, etc. Las encuestas anuales de Latinobarómetro constituyen un buen mirador para acercarnos a dichos procesos de mutación de las subjetividades:

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas anuales de Latinobarómetro.

Estas tendencias, aunque no arrancan exactamente al mismo tiempo, claramente se agudizan a partir del 2020. Y, aunque haría falta más investigación empírica para confirmarlas, sí creemos que pueden servir como punto de partida para proponer la hipótesis de que la conjunción de esos tres elementos (la pandemia, la austeridad neoliberal y la crisis de inseguridad) en un periodo relativamente corto de tiempo conformó lo que Naomi Klein denominó un estado de shock. Y es justamente en este tipo de trance colectivo cuando emergen fuerzas políticas y rumbos insospechados que no estaban del todo contempladas en los radares de los tiempos pre-shock. En palabras de Milton Friedman, uno de los gurús del neoliberalismo citado por Klein: «sólo una crisis -real o percibida- da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que ésa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelve políticamente inevitable”.

Eso es precisamente lo que parece que está sucediendo en el Ecuador durante los últimos años: la consolidación de una base electoral de un proyecto oligárquico que, pese a sus múltiples agresiones a los intereses de los sectores populares y las capas medias, afinca sus simpatías entre capas muy amplias de la ciudadanía.  Más allá de la polémica sobre el fraude y las sistemáticas violaciones a las reglas del juego, y suponiendo incluso que los resultados oficiales no reflejan con fidelidad la voluntad popular y que las preferencias reales hayan girado en torno al 50% de preferencias para cada una de las opciones en juego, la pregunta sociológica seguiría en pie: ¿Cómo habría sido posible que un candidato/presidente que, además de irrespetar las leyes y tener un paupérrimo record de resultados económicos y sociales en las materias más sensibles para la ciudadanía (empleo, seguridad…) conserve niveles tan altos después de casi año y medio de gestión gubernamental?

La pregunta no parece de fácil dilucidación y con seguridad deberá ser contestada por sucesivas aproximaciones que recojan la mayor cantidad de elementos explicativos. No obstante, los datos de Latinobarómetro y un reciente análisis nos brinda una pista de cuál podría ser uno de los ingredientes central de la fórmula. Hiram Hernández sostiene que Noboa logró afianzar el clivaje «correísmo/anticorreísmo» como eje de su narrativa, configurando al primero de los polos (el correísmo) no solo como adversario, sino «como engranaje funcional del relato oficial: un enemigo necesario». No es novedad que durante las coyunturas históricas en las que priman las pasiones tristes (como el miedo) de las que hablaba el filósofo B. Spinoza, las opciones políticas que mejor logran movilizar dichas pasiones que flotan en el aire y logran dirigirlas en contra de un enemigo real o imaginario, tienden a consolidarse. Eso es precisamente lo que sucedió en la era de los fascismos clásicos y en otros momentos de ascenso de fuerzas conservadoras.

Como está de sobra documentado, la construcción del correísmo como un «enemigo peligroso» comenzó desde la propia época en que esa fuerza política era gobierno, y se agudizó durante los mandatos de Moreno y Lasso a través de múltiples estrategias: lawfare, persecución política,guerra mediática, etc. Noboa continuó en esa línea, pero dando algunas vueltas de tuerca adicionales para poder sacar mejor provecho político-electoral ¿Cómo lo hizo? Valiéndose del acumulado de anti-correísmo manufacturado por la incesante guerra mediática de los años anteriores, pero ahora bajo la nueva circunstancia del incremento sostenido de la violencia del crimen, Noboa tomó una audaz iniciativa que le permitió escalar el miedo a un auténtico estado de shock: a inicios de 2024 declaró que el Ecuador se encontraba en un estado de conflicto armado interno; a partir de ese momento, el país estaba oficialmente «en guerra». Esta polémica medida (en términos jurídicos) le permitió, en lo inmediato, «endurecer las políticas de seguridad y alinearlas con marcos internacionales de lucha antiterrorista. También consolidó el protagonismo político de las Fuerzas Armadas y desdibujó la frontera entre delincuencia común y terrorismo, generando una ambigüedad funcional que legitima una militarización sin límites claramente definidos», en palabras del citado Hernández. Además de servir como coartada para la ratificación de un desigual acuerdo jurídico-militar con los Estados Unidos (el SOFA), que venían recuperando su poder de injerencia local desde la administración de Moreno, la declaración de guerra construyó discursivamente un nuevo enemigo para el Ecuador; uno que ya venía siendo funcional a los intereses del militarismo norteamericano en la región: el narcoterrorismo.

Para rematar la estrategia, mucho antes de que comenzara siquiera el último periodo electoral, Noboa y sus medios aliados comenzaron a posicionar la idea de que el correísmo tenía diferentes tipos de vínculos e implicaciones precisamente con este nuevo enemigo del país. Así, a los ya manidos epítetos lanzados contra el correísmo (populistas, corruptos, ladrones…) se agregaba ahora el de «narcoterroristas». Es claro que el alcance de esas medidas para  manufacturar el consenso, como dirían Chomsky y Herman, no son de un alcance ilimitado, pero en determinadas coyunturas sí pueden funcionar para manipular a algunas franjas importantes de la ciudadanía con posiciones políticas no sólidamente consolidadas, las que además tienden a ser más fácilmente arrastradas hacia posiciones autoritarias durante las coyunturas de shock. Así llegamos al absurdo lógico, pero sociológicamente explicable, de que un alto porcentaje de las y los ecuatorianos terminaron convencidos durante los últimos años de que algunos de los más acuciosos problemas que enfrenta el país (como la delincuencia) son…!Culpa de Correa! como cualquiera que conversa con la gente de a pie en ciudades como Quito puede constatar.

Aunque hace falta más investigación cualitativa, nos parece sugerente la hipótesis que señala que la situación de «guerra interna» declarada por Noboa fue tierra fértil para la circulación expansiva de los discursos de clara raigambre fascista que construyen enemigos a los cuales se les achacan no pocos males (reales o supuestos) que se quieren instalar en el imaginario colectivo. Tal vez la expresión más brutal y sintética de esto lo constituyó la declaración del empresario/mercenario Erik Prince invitado por Noboa en plena campaña respecto a la pretendida disyuntiva: «Los ciudadanos de Ecuador tienen una elección clara el próximo domingo: pueden optar por combatir a los narcos y restaurar la nación bajo el imperio de la ley y el orden, o pueden seguir el camino hacia convertirse en otra Venezuela”. Los ecos del fascismo no pueden ser más nítidos en sus palabras: nosotros o el caos. Justamente el tema Prince nos lleva al último punto a abordar.

4.3 La relación de fuerzas en el plano internacional.Dice el viejo adagio popular que las desgracias nunca vienen solas. Es verdad: pensar los «casos» nacionales al margen de lo que podría llamarse un espíritu de época sería un completo despropósito. No son pocos los autores que durante los últimos años han puesto de relieve la emergencia de una serie de tendencias sociopolíticas que tentativamente podríamos llamar derechas radicalizadas: expresión que, aún en su generalidad, apunta a dar cuenta del fortalecimiento de proyectos políticos que conjugan en distinto grado políticas económicas y sociales reaccionarias (en el sentido que les dio Albert O. Hirschman: desmantelamiento de conquistas logrados por las masas) de orientación oligárquica, con respaldo electoral de amplias capas de la población, incluidas aquellas directamente afectadas por algunas de esas políticas.

Si los primeros lustros del S. XXI fueron los del ascenso más o menos extendido de proyectos de cuño pos-neoliberal, y en cierto sentido soberanistas y anti-imperiales en América Latina, durante los últimos años hemos visto cómo las debilidades intrínsecas y los ataques externos a los procesos progresistas le han rendido frutos a las fuerzas más reaccionarias de la región, las cuales han contado, a su vez, con el respaldo de ese abigarrado conjunto de poderes extrarregionales (redes, fundaciones, partidos, aparatos de propaganda y desestabilización) que la filósofa Clara Ramas San Miguel ha llamado provocativamente la Internacional Reaccionaria. Es por ello que en su guerra contra el correísmo, las élites criollas no han estado solas. De hecho, una declaración de enero del 2024 del entonces senador y hoy Secretario de Estado de Trump Marco Rubio sirve como botón de muestra: «No creo que haya duda de que Correa y su grupo político tienen enlaces con estos grupos criminales y lo ha utilizado para su política interna. Para desestabilizar a los gobiernos que no son de la línea y lo hemos visto». Sobra decir que sacado de contexto, lo dicho por Rubio fue puesto a circular de forma masiva por Noboa en plena campaña electoral. La embestida internacional es múltiple y continúa incluso después de las elecciones. También ha estado enfocada en construir una narrativa que ubica al correísmo como parte de un «eje del mal» regional, como machaconamente insisten algunos «expertos» muy cercanos a los militares norteamericanos y «consultados» por el Comando Sur, como cuando afirman que uno de los factores clave de la crisis de inseguridad en el Ecuador «es la expansión del Tren de Aragua, catalogada como organización terrorista, respaldada por los regímenes de Venezuela y Cuba. A diferencia de otros grupos criminales no solo busca lucro, sino que también opera como herramienta de desestabilización regional, mediante ataques con fines políticos”. Creemos que no es posible minimizar los impactos del bombardeo constante de este tipo de discursos sobre los sentidos comunes de ciudadanos atemorizados por una inseguridad que se vuelve cada vez más estructural. Y, si bien esas narrativas no son del todo nuevas, su impacto no es igual en un momento en el que las fuerzas continentales que parecen llevar mejor la iniciativa propagandística son las de la derecha, como lo muestran los casos de Trump, Bukele o Milei. Así, el espíritu de los tiempos que corren no resulta particularmente favorable a una fuerza política que, pese a su persistente capacidad de resistencia, continúa a la defensiva y cercada por los cuatro costados, amén de los posibles errores o desatinos propios de una campaña electoral.

5. Escenarios posibles. Analizando la coyuntura norteamericana, el Senador de Vermont Bernie Sanders, de la corriente del socialismo democrático, plantea que los componentes esenciales del trumpismo son: «oligarquía, autoritarismo, deshonestidad sin precedente, cleptocracia y políticas económicas que favorecen a los ricos a la vez que empobrecen a las familias trabajadoras». Si cambiamos la palabra «trumpismo», por «noboísmo», la afirmación de Sanders bien podría aplicarse al Ecuador. Oligarquía y cleptocracia: como ya mostró durante su primer mandato, Noboa no tiene empacho en utilizar el aparato estatal para facilitar los procesos de acumulación de su núcleo familiar. No hay indicio alguno que apunte a que las cosas serán diferentes durante su segundo mandato. Autoritarismo: antes de que terminaran de contarse la totalidad de los votos, la Policía de Migración ya contaba con una lista de 100 personas que estaban bajo estricta supervisión, tanto para entrar como para salir del país. Como se denunció en una carta pública, en la lista constaban periodistas, políticos y académicos de diversas tendencias políticas cuyo único punto en común era haber manifestado públicamente algún tipo de crítica al gobierno de Noboa. Como era de suponer, los trolles del gobierno se activaron de forma masiva para desacreditar a los firmantes del pronunciamiento. Pocos días después, Diego Borja, quien fuera candidato a la vicepresidencia por parte de la RC, fue notificado de una investigación penal abierta por la Fiscalía General del Estado sin fundamento aparente. Y, como remate, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) falló en contra de la Asambleísta electa de la RC Piscila Schettini, demandada (sin fundamento) por la fiscal General Diana Salazar por «violencia política de género», suspendiéndole sus derechos políticos por tres años, por lo que no podrá asumir su curul, además de multarla con 23 mil quinientos dólares.

Estas acciones tomadas en los días posteriores a su reelección generan profundas preocupaciones sobre la posible deriva de autoritarismo redoblado del segundo mandato del multimillonario Noboa, quien en su breve paso por la Presidencia, ya mostró un olímpico desprecio por las leyes nacionales e internacionales, como lo evidenció el asalto a la Embajada de México en Quito. Políticas pro-élites y antipopulares: en pleno contexto poselectoral de impugnaciones van surgiendo voces desde el polo gubernamental y su entorno que demandan poner en marcha lo antes posible una serie de contrarreformas, aprovechando el viento de cola del triunfo: desde aumentar la edad de jubilación hasta la consigna maximalista para deshacerse de la progresista Constitución de Montecristi, pasando por terminar de purgar de correístas el aparato estatal. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional se complace en anunciar su «respaldo decidido» al gobierno de Noboa, al tiempo que la prensa local nos recuerda que la plata del Fondo sigue condicionada al recorte de los subsidios a los combustibles. Por su parte, los intelectuales de la reacción no pierden la oportunidad de aplaudir las iniciativas gubernamentales para redoblar la militarización del país. Noboa, por su parte, prosigue en sigilo con sus proyectos de mega cárceles al estilo Bukele, que hacen parte de la criminalización de la pobreza, como lo mostró el escandaloso asesinato de los cuatro niños afroecuatorianos en la provincia del Guayas.

Mientras tanto, el país continúa desangrándose con las cada vez más recurrentes masacres protagonizadas por el crimen organizado y las condiciones de vida en permanente deterioro. Todo parece indicar que la apuesta del magnate bananero será la de continuar lucrando políticamente con un estado de shock que amenaza con volverse endémico. La pregunta que se impone es si las fuerzas progresistas, más allá de su estrategia inmediata que demanda el esclarecimiento de todas las irregularidades del proceso, serán capaces de remontar la derrota y recuperar la iniciativa política para organizar las resistencias que tarde o temprano terminarán estallando frente a la ofensiva oligárquica en curso.